En Guatemala, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío diario para niñas, adolescentes, mujeres, comunidades indígenas y población LGBTIQ+. Desde el área de Justicia y Derechos Humanos, Jotay Guatemala acompaña procesos que buscan cambiar esa realidad, fortaleciendo a operadores de justicia, liderazgos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil que luchan por un sistema más humano, cercano y pertinente.

En Alta Verapaz e Ixcán, Quiché, este trabajo se realiza a través de la alianza con la Fundación Myrna Mack, que impulsa un enfoque integral: formar, articular y acompañar a quienes están en la primera línea de atención a víctimas y defensa de derechos.

Operadores de justicia que ponen a las víctimas en el centro

En la Delegación Regional de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Alta Verapaz e Ixcán, la abogada Ana Liseth Sierra Sam lidera un equipo que atiende, día a día, un número creciente de casos de violencia sexual y embarazos en niñas y adolescentes.

Su trabajo se enfoca en la protección de grupos vulnerables —niñez, adolescencia y población LGBTIQ+— mediante enfoques multidisciplinarios e interinstitucionales que permiten restituir derechos y prevenir la repetición de abusos, especialmente en el ámbito escolar.

Gracias a las capacitaciones y procesos de sensibilización impulsados por la Fundación Myrna Mack con apoyo de Jotay, se han fortalecido las capacidades de la PGN y se han creado mejores mecanismos de coordinación con la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Uno de los logros ha sido la concientización de jueces de paz, lo que ha facilitado la solicitud y otorgamiento de medidas de protección para víctimas de violencia.

Sin embargo, los retos siguen siendo enormes: la geografía de Alta Verapaz, la dispersión de las comunidades, la falta de recursos y la débil presencia institucional en áreas rurales dificultan que las víctimas lleguen a las instancias de justicia. Para Ana, la clave está en seguir fortaleciendo la coordinación con organizaciones sociales y en escuchar la retroalimentación de las comunidades para mejorar los servicios.

Defensa pública con pertinencia cultural y de derechos humanos

Desde el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) en Cobán, el abogado Federico Augusto Ruata Cardona coordina el trabajo de defensa pública para personas que no pueden costear un abogado privado. En una región con gran diversidad lingüística, su labor es fundamental para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso.

Federico identifica tres grandes obstáculos:

• La barrera idiomática, especialmente con personas monolingües Q’eqchi’.
• La falta de intérpretes y personal especializado en trabajo social y psicología.
• La mora judicial y la centralización de los servicios de justicia.

Con el apoyo de la Fundación Myrna Mack, participa en una Unidad Coordinadora donde se reúnen diversos actores del sistema de justicia para analizar problemas comunes y proponer soluciones. A través de procesos de formación y reflexión, se ha avanzado en incorporar enfoques de pertinencia cultural y de género, en especial para la niñez y adolescencia indígena.

Entre sus propuestas destacan la expansión de la presencia institucional del Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo Judicial a más municipios, así como la creación de juzgados de primera instancia penal de turno 24 horas, que ayudarían a reducir la mora judicial. Para Federico, la formación continua en derechos humanos para todos los operadores de justicia es una prioridad.

Activismo que enfrenta la impunidad y la discriminación

El trabajo de justicia no solo se impulsa desde las instituciones. También nace desde la organización comunitaria. Mario Abraham Chaman Caal, defensor de derechos humanos en Cobán y acompañante del Colectivo Multicultural de Mujeres Trans de Alta Verapaz (COMMUTRANS), es una de esas voces que cuestionan la impunidad y la violencia.

A través del proyecto “Fortaleciendo capacidades de Organizaciones de Sociedad Civil”, ejecutado por la Fundación Myrna Mack con apoyo de Jotay, Mario ha fortalecido sus herramientas para incidir en el sistema de justicia, especialmente en casos de violencia sexual y violaciones de derechos de la población LGBTIQ+.

En la comunidad La Esperanza, Alta Verapaz, Mariola Dolores Caal Chocooj, presidenta del Cocode, ha fortalecido su liderazgo y conocimientos legales gracias a su participación en procesos formativos de la Fundación Myrna Mack.

Su labor se centra en acompañar a mujeres y víctimas de violencia sexual para que puedan acceder a las instituciones de justicia. Desde su experiencia, señala las mismas barreras que enfrentan muchas comunidades indígenas:

• Falta de atención en idioma q’eqchi’.
• Escasez de personal y espacios adecuados para atender a víctimas.
• Falta de personal capacitado con pertinencia cultural y de género.

Mariola insiste en la importancia de contar con más mujeres dentro de las instituciones de justicia, especialmente en áreas de atención directa a víctimas, y en crear espacios de diálogo entre operadores de justicia y comunidades para compartir observaciones, recomendaciones y propuestas.

A través de la alianza con la Fundación Myrna Mack y otras organizaciones socias, Jotay contribuye a fortalecer capacidades, tejer redes y abrir espacios donde las voces de las víctimas y de los pueblos originarios sean escuchadas y respetadas.

Cada acción busca construir un país donde el acceso a la justicia sea un derecho, y no un privilegio.