En las tierras donde la riqueza natural se mezcla con la lucha por la supervivencia, surge la historia de Octavio Gasparico, de Asociación Mita, y parte del grupo Convergencia Democrática. Su voz resuena en la batalla contra el proyecto minero Cerro Blanco en Jutiapa, Guatemala, una lucha que va más allá de las fronteras nacionales.

Cerro Blanco, una mina de oro y plata propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources, se alza en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, cerca de la frontera con El Salvador. Sin embargo, su sombra se proyecta sobre una zona ambientalmente sensible que abarca no solo Guatemala, sino también Honduras y El Salvador. La propuesta de Bluestone para una mina a cielo abierto en este lugar despierta preocupaciones y oposición, especialmente debido a su impacto directo en el río Lempa, crucial para el suministro de agua en El Salvador.

Octavio describe las inquietudes que rodean al proyecto. Desde 2010, Bluestone ha extraído aguas termales del Cerro Blanco, descargándolas en ríos y lagos cercanos. Este acto no solo ha resultado en deforestación, sino que también ha suscitado preocupaciones sobre la salud de las personas en las comunidades circundantes.

Las Promesas irreales de la minería

La entrada de proyectos mineros en comunidades a menudo está envuelta en promesas de oportunidades de trabajo y mejoras en infraestructuras, como escuelas. Octavio señala que, lamentablemente, estas promesas no incluyen una explicación detallada de los costos y las consecuencias para la salud. Problemas cutáneos derivados del arsénico y, a largo plazo, el surgimiento de drenajes ácidos que afectan a la vida acuática son solo algunas de las consecuencias documentadas.

La resistencia contra Cerro Blanco no es nueva. Octavio comparte que, tras conocer el estudio de impacto ambiental a través del Colectivo Madre Selva, la comunidad se organizó con apoyo de la iglesia católica. A pesar de las oposiciones presentadas, el estudio fue aprobado de manera fraudulenta. Sin embargo, el proyecto, que inicialmente fue autorizado en 2007, experimentó dificultades y se declaró en mantenimiento en 2012 para evitar la cancelación por caducidad.

La consulta popular: un grito unificado

En un esfuerzo por concienciar a la población, la iglesia católica desempeñó un papel crucial al informar a las comunidades sobre las consecuencias del proyecto. Una consulta popular reveló que el 98% de la población, equivalentes a 7461 votos, se oponía a la mina, mientras que solo 904 votaron a favor, principalmente trabajadores y sus familiares.

Riesgos para la salud

Los riesgos para la salud no se limitan a las preocupaciones ambientales. Octavio menciona que un análisis realizado hace ocho años a extrabajadores de la mina reveló niveles elevados de arsénico en sus cuerpos, desacreditando las afirmaciones de la minera sobre el desarrollo para las comunidades.

La lucha contra Cerro Blanco no solo es una defensa del agua y la vida, sino también una batalla por la verdad y la participación ciudadana. Octavio y su comunidad continúan resistiendo, buscando preservar un tesoro que va más allá del oro y la plata: la esencia misma de su tierra y sus vidas.