La Misión Internacional de Jueces, integrada por académicos y representantes de las asociaciones de jueces de Alemania, Suecia, Noruega y Polonia, miembros de la Unión Internacional de Magistrados, presentó este 16 de abril su informe final sobre la observación del proceso de elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, así como sobre la situación de la independencia judicial en Guatemala.
El informe fue elaborado bajo la autoría de la Unión Internacional de Magistrados, la Asociación Alemana de Jueces, la Asociación Noruega de Jueces y la Asociación Sueca de Jueces.
La misión fue apoyada por el Programa ACTuando Juntas Jotay Guatemala, Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
La Misión estuvo presente en Guatemala del 23 al 27 de marzo de 2026 y fue conformada por:
Durante cinco días, la Misión se entrevistó con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directivos del Colegio de Abogados y Notarios, jueces y juezas de paz y de primera instancia, defensores de derechos humanos, autoridades de pueblos indígenas, organizaciones de sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Un año decisivo para el sistema de justicia guatemalteco
El informe sitúa su análisis en 2026, un año marcado por importantes elecciones de segundo grado: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. La Misión subraya que estos procesos son especialmente relevantes dado el contexto político reciente, en el que la voluntad popular expresada en las urnas en 2023 enfrentó intentos de ser vulnerada por actores enquistados en el sistema judicial.
Principales hallazgos
Sobre la independencia judicial:
La Misión identificó una fractura estructural entre la judicatura y la magistratura: mientras el acceso a la carrera judicial se basa en mecanismos de oposición, el ascenso a cargos de magistratura está sujeto a procesos técnico-políticos que introducen riesgos de politización y afectan la meritocracia. Asimismo, la renovación completa y simultánea de las altas cortes cada cinco años genera inestabilidad institucional y debilita la continuidad jurisprudencial.
La Misión también recibió testimonios sobre un clima de temor que afecta a operadores de justicia, incluyendo amenazas, procesos de criminalización y casos de exilio — entre ellos, al menos cuatro miembros de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI).
Sobre las elecciones de segundo grado:
Los procesos cumplen formalmente con plazos y procedimientos, pero persisten dudas sobre la aplicación efectiva de criterios objetivos para evaluar la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes. Se identificó un clima generalizado de desconfianza y una alta percepción de politización, que daña al sistema jurídico.
Sobre la elección del Fiscal General:
La Misión señala preocupaciones concretas sobre la claridad y estabilidad de los criterios de evaluación, el tratamiento de la información ciudadana sobre los candidatos y los riesgos de judicialización estratégica del proceso. Destaca que la selección del próximo Fiscal General reviste una importancia estratégica para la reconstrucción de la confianza institucional.
Sobre los pueblos indígenas:
El informe reconoce el papel fundamental de las autoridades indígenas en la defensa del orden democrático, al tiempo que identifica barreras lingüísticas, geográficas e institucionales que limitan su acceso a la justicia y su participación en los procesos de elección de segundo grado.
Recomendaciones
La Misión emite nueve recomendaciones dirigidas al Estado guatemalteco:
Descarga los informes completos en español e inglés