El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) presentó hoy su informe final sobre los procesos de selección de Fiscal General de la República y de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, dos de las elecciones de segundo grado más observadas en la historia reciente del país centroamericano.

El PEI-GT está integrado por tres juristas internacionales de reconocida trayectoria en derechos humanos e independencia judicial: Ana Lorena Delgadillo Pérez (México), José Ugaz (Perú) y Jaime Arellano (Chile). Desde noviembre de 2025, el Panel acompañó todas las etapas de ambos procesos, con tres visitas al país y una observación permanente basada en estándares internacionales e información proveniente de órganos nacionales competentes, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, Pueblos Indígenas, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, empresarios, estudiantes universitarios, entidades religiosas, organizaciones no gubernamentales, misiones internacionales, representaciones diplomáticas, y altas autoridades como el Presidente del Congreso y el Presidente de la República.

Un proceso marcado por la tensión institucional

El informe describe un contexto institucional profundamente complejo. Durante los ocho años en que Consuelo Porras dirigió el Ministerio Público, el Panel documentó el uso sistemático del derecho penal como instrumento de hostigamiento contra periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia independientes y líderes indígenas. Solo el 5% de los casos de crimen organizado recibieron respuesta de calidad del MP durante esa gestión. La tasa de eficacia en casos de violencia contra las mujeres no superó el 7%.

La Corte de Constitucionalidad anterior, relevada el 14 de abril de 2026, también tuvo actuaciones cuestionadas: como avalar exclusiones arbitrarias de candidaturas presidenciales en 2023, hasta permisividad con los excesos del Ministerio Público.

Entre los principales hallazgos del Panel:

 Marco regulatorio insuficiente e interpretación sesgada. Las normas que rigen los procesos de selección dejan amplio margen a la discrecionalidad y han sido interpretadas de forma arbitraria para favorecer intereses políticos. El dilema sobre si el tiempo de judicatura cuenta como experiencia profesional volvió a ser instrumentalizado para excluir o incluir candidatos según conveniencia.

1. Captura y politización de las Comisiones de Postulación. El sistema diseñado para despolitizar las elecciones fue cooptado por redes político-económicas y criminales. Se llegó al extremo de crear facultades de derecho de fachada (sin profesores ni alumnos) para obtener asiento en las Comisiones. Salvo honrosas excepciones, la Comisión de Postulación de Fiscal General estuvo marcada por intereses subalternos que intentaron incluir a Consuelo Porras en la nómina final.

• Falencias en la evaluación de los postulantes. Ningún órgano seleccionador definió un perfil sustantivo previo. Las tablas de gradación privilegiaron factores cuantitativos, como años de ejercicio, títulos, publicaciones, sobre la idoneidad real. Los instrumentos fueron desviados para favorecer a candidatos específicos.

1. Comisiones paralelas y déficits estructurales. Los procesos carecieron de transparencia efectiva: expedientes publicados tardíamente, falta de resolución fundamentada sobre las tachas ciudadanas, entrevistas superficiales y negociaciones paralelas a puertas cerradas que contradecían lo discutido en las sesiones públicas.
2. Malas prácticas de renovación. No se respetó el principio de alternabilidad. Hubo intentos de reelección de autoridades altamente cuestionadas o sancionadas internacionalmente, así como rotación cruzada de cargos entre el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad.
3. Debilidades en la designación de magistrados de la CC. Ninguna institución seleccionadora estableció un perfil para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El Congreso no publicó expedientes, no reguló la participación ciudadana ni fundamentó sus votos. Fue particularmente grave la intervención de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos para incidir en la designación que correspondía a la Corte Suprema de Justicia.

• Debilidades en la evaluación del Fiscal General. Las entrevistas no exploraron honorabilidad, compromiso democrático, visión institucional ni propuestas concretas para el Ministerio Público. Las preguntas no fueron consistentes entre postulantes y no se abordaron las tachas admitidas. Tampoco se exigió plan de trabajo.
• Consecuencias de la criminalización. La estrategia de uso indebido del derecho penal bajo la gestión de Porras generó un efecto intimidatorio que disuadió a profesionales probos de participar en los procesos. Casos emblemáticos: el periodista José Rubén Zamora, la abogada Virginia Laparra, y las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos por más de un año sin control judicial efectivo.

1. Uso abusivo y malicioso del amparo. La figura constitucional fue utilizada para manipular y entorpecer los procesos de selección, no para proteger derechos. El Ministerio Público desplegó agentes armados en centros de votación del CANG e intentó órdenes de detención contra la magistrada electa Astrid Lemus. Al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad fue omisa en hacer cumplir sus propias resoluciones sobre las autoridades ilegítimas de la USAC.
2. Crisis en la Universidad de San Carlos. El Consejo Superior Universitario está copado por autoridades con mandatos vencidos afines al rector Walter Mazariegos, cuya reelección estuvo marcada por señalamientos de fraude. Esto comprometió la legitimidad de su participación en ambos procesos. Estudiantes que se opusieron sufrieron represalias académicas, expulsiones arbitrarias y hostigamiento dentro del campus.
3. Conflictos de interés no gestionados. Se observó incumplimiento del deber de excusa en casos de conflicto de interés. Caso más notorio: la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus, participó en la resolución de un amparo sobre la elección de magistrados de la CC siendo ella misma candidata a la reelección.

• Situación de sectores específicos. Los Pueblos Indígenas enfrentan exclusión estructural y criminalización, con retroceso en la garantía judicial de sus derechos desde 2019. Las víctimas del conflicto armado interno denuncian paralización de investigaciones y retrocesos en justicia transicional. Los abogados y abogadas del CANG, pese a su mayor participación, no lograron que votara ni el 50% de los habilitados; solo el 42% en primera vuelta y 41% en segunda.

 Avances reconocidos

Pese a lo anterior, el informe destaca señales alentadoras: la creciente participación ciudadana y el escrutinio nacional e internacional sin precedentes; la transparencia del proceso electoral en el Colegio de Abogados; la comunicación pública del Presidente Arévalo sobre sus criterios de selección; y la firmeza de los jueces de primera instancia que rechazaron los intentos de criminalización de la magistrada Lemus. El nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, fue bien recibido por la mayoría de analistas como una señal positiva para el Ministerio Público.

Recomendaciones centrales

El PEI-GT concluye con un llamado urgente a la reforma integral del sistema de selección de altos cargos en el sector justicia. Entre las propuestas más relevantes:

• Prohibir la reelección de Fiscal General y magistrados de la CC.
• Renovar la CC de forma escalonada, no simultánea.
• Crear perfiles públicos obligatorios antes de cada proceso.
• Limitar el uso del amparo en procesos electorales de segundo grado.
• Ampliar la participación ciudadana desde la conformación de las Comisiones de Postulación.
• Emprender una amplia consulta nacional para rediseñar el modelo, eventualmente reemplazando las Comisiones de Postulación.

El Panel hace un reconocimiento explícito a los estudiantes de la USAC que resistieron la cooptación de su universidad y a los abogados y abogadas que, pese a la presión, ejercieron su voto.

El informe completo del PEI-GT está disponible en su sitio web oficial.