A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala sigue siendo una democracia frágil. Además, desde el fomento del “Pacto de Corruptos”[1]...
Reconocemos y aspiramos a un Estado de derecho libre de cooptación por grupos de interés, que promueva un modelo de gobernabilidad garante y respetuoso del ejercicio pleno de los derechos y libertades individuales y colectivas. Reconocemos la seguridad democrática como una acción preventiva del Estado, directamente vinculada con la eficacia de la justicia y una agenda de desarrollo social sostenible.