Las organizaciones nacionales e internacionales que conforman el grupo de trabajo sobre desplazamiento forzado interno en Guatemala, lanzaron la campaña "Desplazamiento y desastres socioambientales" para visibilizar la situación del desplazamiento forzado interno en los países del norte de Centroamérica, donde al menos 1,525,000 personas han sido desplazadas por desastres socioambientales, según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) para 2021.
El grupo está conformado por el Programa ACTuando Juntas Jotay Guatemala, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Cristosal Guatemala, American Friends Service Committee Oficina para Latinoamérica y el Caribe, el Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), quienes resaltan la falta de respuesta de los Estados de la región para atender a este fenómeno, y en particular las deudas del Estado guatemalteco, único Estado del norte de Centroamérica sin medidas legislativas y políticas en la materia.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, el desplazamiento forzado interno ha afectado a más de 1.5 millones de personas debido a desastres socioambientales, conflictos armados y violencia generalizada. En particular, el impacto de los huracanes ETA e IOTA en 2020 ha dejado a miles de personas sin hogar en Guatemala. Además, el desplazamiento forzado interno vulnera los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de grupos vulnerables como pueblos indígenas, personas campesinas, jóvenes, niñas y niños, población LGBTIQ+, personas afrodescendientes, defensores y defensoras de derechos, periodistas y comunicadores.
Las organizaciones exigen al Estado de Guatemala y sus instituciones que adopten medidas legislativas y políticas públicas con enfoque de derechos humanos para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno. También instan a promover políticas públicas transversales de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo. Es necesario que se adopten protocolos de prevención y programas de reinserción, atención o acompañamiento a las personas que se encuentran desplazadas. La falta de respuesta del Estado de Guatemala a esta problemática debe ser abordada de manera urgente y efectiva.
