El proceso electoral en Guatemala se ha visto condicionado por la judicialización de la política y enmarcado en un contexto de retroceso democrático y avance del autoritarismo, un fuerte estado de malestar social, ataques a la libertad de expresión y a defensores de Derechos Humanos, la cooptación de toda la institucionalidad, a nivel de ejecutivo, legislativo y judicial, evidenciando una profunda crisis de estado de derecho, faltando los pesos y contrapesos democráticos.
Las elecciones generales se llevarán a cabo el 25 de junio, la segunda vuelta será el 20 de agosto y los principales desafíos de la integridad del proceso electoral 2023, son los siguientes;
- La capacidad administrativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es sometida a cuestionamiento por negar la inscripción a candidatos incómodos, entre otros señalamientos.
- El marco normativo es difuso y existe percepción de aplicación discrecional de ciertas normas.
- Existe una judicialización indebida de las elecciones.
- Baja confianza ciudadana en el TSE como institución y en las elecciones.
- Alta fragmentación del sistema de partidos políticos, participan 30 partidos.
- Conflictividad social – territorial acumulada.
- Incremento de la violencia delictiva y del control territorial de grupos criminales.
- Régimen de financiamiento altamente vulnerable a la filtración de dineros ilícitos, al uso electoral del gasto público y cooptación de partidos por parte de grupos familiares.
- Polarización afectiva acumulada.
- Uso de estrategias de desinformación con fines electorales.
- Restricciones del espacio cívico-político.
- Consolidación de un bloque hegemónico interinstitucional y sus potenciales efectos sobre las elecciones.
En vista de este panorama, el proceso y el resultado de las elecciones generales que se celebrarán cobra una importancia estratégica en defensa de la democracia y es crucial frenar la regresión autoritaria que tiene potencial de consolidarse a partir de este proceso.
Existen varias iniciativas nacionales e internacionales de monitoreo y observación de las elecciones que están siendo implementadas, así como propuestas comunicacionales nacionales como La Linterna, que hacen fact-checking, verificación e investigación, en relación al procesos electoral y la campaña política en Guatemala. También se han realizado visitas de organizaciones internacionales como WOLA , el Centro Robert F. Kennedy y Human Rights Watch, quienes han publicado sus preocupaciones acerca de las condiciones pre electorales.
Según las últimas encuestas electorales quienes logren llegar a la segunda vuelta serían Carlos Pineda y Sandra Torres. Sin embargo, con una decisión reciente del TSE, resulta que el primero queda fuera de la contienda electoral. La Unión Europea ha expresado su preocupación al respecto. En general, no existe mucha expectativa o esperanza por parte de la población de que cualquiera de las opciones que queden sean una mejora para el futuro del país.
El analista político guatemalteco, Edgar Gutierrez, refiriéndose al proceso concluye que “por donde se vea, estas elecciones están confeccionadas para consolidar el Estado mafioso” y refiriéndose al proceso de cooptación de la institucionalidad, concluye que “los movimientos sociales, políticos y económicos que defienden valores democráticos y republicanos entran en fase de resistencia por un plazo indeterminado”.
Es fundamental que las elecciones se desarrollen de manera transparente, democrática y respetando los derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, con la oferta electoral que se presenta, el contexto se ve muy retador en cuanto a lograr una representación que pueda asegurar los intereses de la población guatemalteca. A pesar de ello, existen iniciativas de organizaciones sociales y analistas políticos, quienes promueven propuestas sobre cómo ejercer el voto de forma consciente, para que se pueda recuperar algo de esperanza a la hora de votar, apuntándole a los pocos partidos y candidatos que han invertido en propuestas serias.
