Con el sorpresivo resultado de la segunda vuelta electoral, el 20 de agosto pasado, en la cual el candidato del partido político Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, resultó ganador, nace en Guatemala una nueva esperanza. La victoria fue contundente con una diferencia entre el presidente electo y su contrincante, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de casi un millón de votos.
Esta elección es historia ya que por primera vez en décadas se cuenta con una propuesta progresista, de combate frontal a la corrupción y con un claro compromiso de recuperar el estado de derecho y la democracia en el país. Además, el resultado tiene una fuerte carga simbólica por ser Bernardo Arévalo, el hijo de José Arévalo Bermejo, el primer presidente libre y popularmente electo del periodo de la llamada primavera democrática en Guatemala, ocurrido a partir de la revolución de 1944 y que duró hasta 1954.
Existen muchas expectativas de cara al nuevo gobierno que asume a partir del 14 de enero de 2024. Por parte de la sociedad civil organizada, cuyos miembros sufren criminalización, encarcelamiento y exilio forzoso, en su mayoría, defensores, periodistas y operadores de justicia. También la población en general, especialmente la juventud, que experimenta índices bajísimos por abandono estatal, y forzada a migrar por no encontrar oportunidades en Guatemala, está esperando cambios en el país.
Sin embargo, el resultado ha generado fuertes ataques por parte del denominado “pacto de corruptos”, con acciones de judicialización, canalizados por el Ministerio Público, contra el movimiento Semilla, queriendo cancelar su partido, y amenazas de asesinato, resultando en la otorgación de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mismo Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad en materia electoral, ha sido sujeto a denuncias, por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP. El conjunto de estos actos ha sido señalado por el partido Semilla y el presidente electo Arévalo, de consistir un “golpe de estado en curso”, judicial y técnico. En el corto plazo el rol y las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, serán clave para frenar esta situación, siendo el máximo tribunal en materia de defensa del orden constitucional.
Esta situación ha puesto paradójicamente a Guatemala por primera vez en años en la palestra y preocupación internacional, con reacciones reiteradas e insistentes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió el 18 de septiembre pasado, en una reunión especial del Consejo Permanente, que el MP de Guatemala deje de perseguir judicialmente al Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo. En dicha reunión 15 países miembros condenaron por tercera vez las acciones judiciales del MP, las cuales califican como “intentos de socavar la elección popular” y de instrumentalización de la persecución penal. El Parlamento Europeo por amplia mayoría adoptó una resolución sobre la situación de crisis en Guatemala, los Estados Unidos por medio de varios funcionarios se han expresado, entre otros, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijó que “el gobierno de Joe Biden está dispuesto a sancionar a personas o instituciones que buscan frenar la transición presidencial en Guatemala”. Asimismo, el subsecretario adjunto de Estados Unidos para Centroamérica, Eric Jacobstein, mencionó que “son completamente absurdas las acusaciones contra el partido Semilla, de nuestra parte apoyamos al presidente electo, las personas quienes están tratando de socavar las elecciones son cada vez más aisladas, hay instituciones y personas como la fiscal general, elementos corruptos y condenamos completamente lo que están haciendo”. Durante la Asamblea General de la ONU, el 19 de septiembre, el presidente de Brasil, Luiz Ignácio Lula Da Silva, afirmó que "en Guatemala hay un riesgo de Golpe de Estado".
En reacción, la población se está movilizando y efectuando una serie de protestas de calle en la capital y en los demás centros urbanos del país. Los diferentes representantes de pueblos indígenas y movimientos campesinos están haciendo movilizaciones y bloqueos para exigir que se respete la voluntad del pueblo y su voto expresado en las urnas. También en las universidades se están movilizando los estudiantes, y representantes de iglesias, como el cardenal Álvaro Ramazzini, ha pedido a la fiscal general y al fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que aclaren su forma de actuar. Igualmente se ha manifestado una parte del sector empresarial como las Cámaras de Comercio y de la Construcción, FUNDESA, y CACIF, con llamados al MP y al Organismo Judicial a respetar el resultado de las elecciones. El 18 de septiembre se hizo una manifestación importante en acompañamiento a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes interpusieron un amparo buscando que cesen las acciones de la FECI del MP, en contra del movimiento Semilla.
Simultáneamente a los ataques contra Semilla, el MP sigue con continuos ataques contra defensores y operadores de justicia. Recientemente se encarceló bajo acusaciones espurias a Claudia González, abogada defensora y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien lleva más de 150 casos de criminalización contra defensores y operadores de justica. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, pidió a las autoridades de Guatemala que tomen “medidas urgentes” para garantizar la protección de los abogados y otros funcionarios judiciales que trabajan en defensa de los derechos humanos. Asimismo, el reconocido juez Carlos Ruano, renunció a su cargo por constantes amenazas y judicialización, que lo obligaron a salir del país, siguiendo los pasos de los jueces Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, exiliados desde el 2022. Mientras tanto en el congreso de la república están avanzando una reforma a la ley del organismo judicial, con la cual los ascensos, traslados y despidos de jueces quedarían a discreción únicamente de la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de todas estos obstáculos y limitaciones, el nuevo gobierno brinda oportunidades importantes de diálogo y trabajo conjunto con la sociedad civil, entorno a propuestas de desarrollo y políticas públicas, en materia de justicia y derechos humanos, pueblos indígenas, desarrollo rural y bienes naturales, derechos de las mujeres, entre otros temas. El nuevo gobierno de Arévalo se ha comprometido en enfocarse en la recuperación democrática e institucional, crecimiento económico inclusivo, y la obra pública en materia de salud, educación y conectividad.
Sera esencial en los próximos meses y luego de la toma de posesión, lograr un fuerte apoyo continuo desde la población, tanto urbana como rural, para que el gobierno pueda gobernar, existiendo una correlación de fuerzas desfavorable, con minoría en el congreso, lo cual dificultará la aprobación de leyes, así como un sector de justicia cooptado. Sin embargo, con el presupuesto nacional bajo control del poder ejecutivo, se espera poder interrumpir la cadena de corrupción que se relaciona con la obra física del gobierno y que se distribuye para fomentar alianzas corruptas y clientelares. La “llave de estos contratos ilícitos se va cerrar”, según Arévalo, y podrá influir en un realineamiento de fuerzas a favor del cambio.
Úrsula Roldan y Jesús de la Torre plantean en la revista El Grand Continent, una serie de posibles escenarios de los cuales se espera se materialice el último; “que el Movimiento Semilla gane los litigios presentados contra el partido, consiguiendo entrar en el Congreso como grupo político, así como que Arévalo y Herrera lleguen a tomar posesión”. Además del apoyo interno será clave el acompañamiento, monitoreo y acción a corto y mediano plazo, por parte de la comunidad internacional, a Guatemala y Centroamérica como región, para frenar los autoritarismos, la cooptación, corrupción, y crear espacios para propuestas diferentes y posible recuperación democrática.
