Guatemala se ha visto marcada en los últimos meses por el exilio. Es alarmante la persecución penal hacia jueces, fiscales, magistrados y defensores de derechos humanos, que han tenido que autoexiliarse en otros países para proteger su vida y su libertad.
En noviembre, Miguel Ángel Gálvez presentó su renuncia y se sumó a la lista de operadores de justicia guatemaltecos exiliados. El exjuez, con una trayectoria de 23 años en el Organismo Judicial (OJ) y quien se ha desempeñado como juez del Ramo Penal, dimitió a su cargo luego de la solicitud de antejuicio en su contra; presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FTC), señalándolo de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y realización de detenciones ilegales.
Diferentes sectores se pronunciaron respecto a la salida de Gálvez, considerándolo un atentado contra la democracia del país. Margaret Satterthwaite, relatora de Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación por los ataques que sufren fiscales y jueces en Guatemala, y resaltó que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir con su lucha contra la corrupción[1].
También preocupa la persecución hacia el gremio periodístico, especialmente a quienes se dedican a fiscalizar el trabajo y las acciones del gobierno. Este mes, el periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico de Guatemala, cumplirá cuatro meses en prisión, acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Sin embargo, Zamora ha evidenciado actos de corrupción ocurridos en los gobiernos del exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el de Jimmy Morales y el gobierno actual. Y no hay que olvidar, la salida del país del periodista Juan Luis Font, quien en abril de 2022 salió de Guatemala para distanciarse de la tensión causada por denuncias en su contra[2], por parte del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien lo señaló de “coludirse” con la exjueza de mayor riesgo Erika Aifán (actualmente exiliada en Estados Unidos).
La criminalización de operadores de justicia y defensores de derechos humanos sigue aumentando, y atenta contra el Estado de Derecho y la Independencia Judicial del país.
Iniciativas ambientales para beneficiar a empresas contaminantes
En estos últimos meses también ha existido un fuerte debate en torno a la iniciativa 6055[3], la que, según expertos, representa un riesgo para el ambiente del país, y beneficia a quienes dañan los bienes naturales. Sin embargo, en noviembre, la lectura de la iniciativa pasó en primer debate en el pleno del Congreso de la República.
Algunas de las reformas que propone esta ley son: reducir los trámites para licencias ambientales, hacer convenios de pago por multas no canceladas y razonar las solicitudes para clausurar negocios ante la Procuraduría General de la Nación (PGN); esto último se considera una táctica para atrasar los procesos de cierre de operaciones de empresas altamente contaminantes.
Esta iniciativa forma parte del paquete de leyes con las que se pretendía centralizar en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) las funciones, jurisdicciones y presupuestos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal y Petén Itzá.
Resistencia Universitaria
Casi siete meses han transcurrido desde la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sin embargo, en esa ocasión se denunció que un grupo de miembros del Consejo Superior Universitario llevaron a cabo varias ilegalidades para imponer a Walter Mazariegos Biolis como único candidato y ser rector de facto.
A la fecha, la sede central de la Usac y varios centros universitarios siguen “tomados” por estudiantes y docentes que rechazan esta imposición, y se siguen realizando marchas y otras acciones para revertir el fraude y recuperar la universidad.
A pesar del acoso y persecución, a lo interno de las unidades académicas, los estudiantes siguen firmes y continuarán con la lucha.
Elecciones 2023
El próximo año se realizarán las elecciones en Guatemala, sin embargo, varios movimientos políticos han iniciado reuniones con grupos en diferentes partes del país, y varios políticos que buscarán la reelección están participando de forma activa en sus espacios, para posicionar su imagen y ganarse la simpatía de los electores.
Se ha fortalecido la divulgación de inauguraciones de obras grises, de arreglos en carreteras, proyectos de agua, entre otros, para mostrarle a la población que se está trabajando a favor de los distintos departamentos.
En la tercera semana de noviembre, varios diputados de oposición manifestaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su preocupación por un posible “fraude electoral”[4], debido a que se ha empezado a bloquear la participación electoral de partidos políticos de oposición.
El próximo año, los guatemaltecos deben elegir a su presidente, a 160 diputados y a 340 alcaldes, quienes ejercerán su cargo de 2024 a 2028. Y quiénes tendrán la responsabilidad de encausar al país hacia la democracia.
[1] https://www.prensalibre.com/tema/juez-miguel-angel-galvez/
[2] https://www.agenciaocote.com/blog/2022/04/04/el-periodista-j-l-font-sale-de-guatemala-y-organizaciones-alertan-a-la-poblacion/
[3] https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/iniciativa-6055-cuales-son-los-cambios-que-el-congreso-propone-hacer-a-la-ley-de-proteccion-ambiental/
[4] https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/diputados-guatemala-denuncian-oea-fraude-192323944.html
