El juez Miguel Ángel Gálvez ha recibido amenazas por su trabajo en los últimos meses, y el proceso de antejuicio en su contra ha seguido avanzando, intentando llevarlo al exilio, como ha sucedido con otros operadores de justicia, como Erika Aifán y Juan Francisco Sandoval.
El juez Gálvez tiene una trayectoria de más de 20 años en el Organismo Judicial, y ha conocido varios casos de corrupción, uno de los más escuchados fue el caso La Línea, en donde fueron ligados a proceso un expresidente y exvicepresidenta de Guatemala, así como casos de crímenes de lesa humanidad, el más reciente fue el caso Diario Militar.
El antejuicio contra el juez Gálvez se debe a una denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, la cual carece de fundamento, porque no adjuntaron evidencias.
A pesar, de que el juez Gálvez cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2016, y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde julio de este año, en donde se ordenó reforzar las medidas de seguridad del juez y proteger su independencia judicial, el Estado de Guatemala continua sin acatar dichas medidas, y han permitido que continúen las diligencias de antejuicio en su contra.
Organizaciones Internacionales pedimos a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con la resolución de la Corte Interamericana, y se refuercen las medidas de seguridad para el juez y su familia, que cese la persecución contra jueces y operadores de justicia, y se proteja su independencia judicial para que la justicia prevalezca.
Compartimos un comunicado emitido hoy respecto a esta situación que atenta contra el Estado de Derecho en Guatemala.
