Ana Liseth Sierra Sam, delegada regional de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para Alta Verapaz y el municipio de Ixcán, Quiché, lidera esfuerzos significativos para abordar desafíos críticos en el acceso a la justicia. Su trabajo, esencialmente enfocado en la defensa y protección de grupos vulnerables, impulsa cambios sustanciales en el sistema de justicia local.

Desafíos en el acceso a la justicia

Ana enfrenta diariamente los crecientes desafíos de violencia sexual y embarazos adolescentes que se dan en la región. «La cantidad de denuncias y procesos judiciales ha aumentado desproporcionadamente», explica. Su equipo trabaja arduamente para brindar cobertura y atención a niños y adolescentes víctimas de estos crímenes, utilizando enfoques multidisciplinarios para restituir derechos humanos violados.

Ana detalla cómo la PGN ha adoptado estrategias para manejar casos que afectan a comunidades, escuelas y grupos vulnerables como la niñez y la comunidad LGBTIQ+. «Nuestros enfoques son tanto multidisciplinarios como interinstitucionales, lo que ha permitido obtener buenos resultados en la prevención de la repetición de abusos sexuales en la población estudiantil», afirma.

Colaboraciones efectivas

La Fundación Myrna Mack ha jugado un papel crucial en fortalecer las capacidades de la PGN de Alta Verapaz, por medio de capacitaciones y sensibilizaciones sobre las funciones y competencias de la procuraduría. Esta colaboración ha facilitado la creación de sistemas de coordinación con la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. «Nuestra última iniciativa se centró en la concientización de los jueces de paz, resultando en cambios significativos que facilitan la solicitud de medidas de protección para las víctimas», destaca Ana.

Barreras y mejoras necesarias

Ana identifica la topografía y la descentralización institucional como barreras principales que complican el acceso a la justicia en áreas remotas. «Las distancias y la falta de recursos en instituciones del sector justicia dificultan que las víctimas reciban la atención necesaria», explica. Propone que las instituciones de justicia y la sociedad civil colaboren estrechamente para desarrollar infraestructuras y protocolos que mejoren el acceso y tratamiento de las víctimas.

Lecciones aprendidas

Ana resalta la importancia de la retroalimentación de las comunidades y organizaciones externas en la mejora continua de los servicios de justicia. «A través de pequeñas pero significativas decisiones dentro de nuestra delegación, podemos superar muchos desafíos», concluye con optimismo.

La dedicación de profesionales como Ana Liseth Sierra Sam y el apoyo estratégico de la Fundación Myrna Mack están marcando una diferencia palpable en la lucha por un sistema de justicia más justo y accesible en Alta Verapaz. Este esfuerzo conjunto no solo aborda los desafíos actuales, sino que también sienta las bases para futuras mejoras, garantizando que la justicia sea un derecho accesible para todos, independientemente de su ubicación o situación social.