Entre el 23 y el 27 de marzo de 2026, una Misión Internacional de Jueces integrada por representantes de las asociaciones de jueces de Alemania, Suecia, Noruega y Polonia —miembros de la Unión Internacional de Magistrados— visitó Guatemala para observar el proceso de elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, y evaluar el estado de la independencia judicial en el país. La misión contó con el apoyo del Programa ACTuando Juntas Jotay, la Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
Durante cinco días, las y los integrantes de la Misión sostuvieron entrevistas con magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, juezas y jueces de paz y de primera instancia, defensoras y defensores de derechos humanos, autoridades de pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Al concluir su visita, compartieron hallazgos preliminares en una conferencia de prensa transmitida en vivo desde la fanpage del Programa Jotay. El 16 de abril presentaron su informe final.
El análisis se enmarca en un año decisivo para el sistema de justicia guatemalteco: 2026 concentra elecciones de segundo grado para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, procesos que la Misión calificó de especialmente relevantes dado el contexto político reciente, en el que la voluntad popular expresada en las urnas en 2023 enfrentó intentos de ser vulnerada desde el propio sistema judicial.
Entre los hallazgos más significativos, la Misión identificó una fractura estructural entre la judicatura y la magistratura: mientras el acceso a la carrera judicial responde a criterios de oposición, el ascenso a cargos de magistratura está sujeto a procesos que introducen riesgos de politización y debilitan la meritocracia. También documentó un clima de temor entre operadoras y operadores de justicia, con casos de amenazas, criminalización y exilio. Sobre el proceso de elección del Fiscal General, señaló preocupaciones concretas: criterios de evaluación definidos de forma arbitraria, insuficiente transparencia en las decisiones de la Comisión de Postulación y riesgos de judicialización iestratégica del proceso. El informe reconoce además las barreras que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia y participar en estos procesos.
La Misión emitió nueve recomendaciones al Estado guatemalteco, orientadas a fortalecer la carrera judicial con criterios meritocráticos y transparentes, garantizar condiciones seguras para quienes operan el sistema de justicia, promover la inclusión de pueblos indígenas y asegurar la autonomía técnica del Ministerio Público. Para el Programa ACTuando Juntas Jotay, el acompañamiento a esta misión es expresión directa de su compromiso con la justicia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos en Guatemala.






