El derecho al agua limpia no es una abstracción. Es la diferencia entre una comunidad que decide sobre sus recursos y una que los ve desaparecer sin poder hacer nada. Desde esa convicción trabaja la Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI), organización socia del Programa ACTuando Juntas Jotay, que durante los primeros meses de 2026 protagonizó una intensa agenda en torno a la defensa del ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Guatemala.
El 20 de marzo, Día Mundial del Agua, la Alianza Escazú Guatemala, de la que PICI forma parte, realizó el 7° Festival Cultural por el Acuerdo de Escazú en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. El evento reunió a comunidades, organizaciones y jóvenes alrededor de un tema central: el derecho humano al agua y la gestión de los recursos hídricos desde los valores y derechos de los pueblos indígenas. Como parte del festival se presentó un mural elaborado con pinturas de tierra, dedicado al derecho al agua limpia, que convirtió la exigencia política en expresión cultural y comunitaria.
Días después, el 22 de abril, la Alianza presentó en conferencia de prensa su cuarta carta al presidente Bernardo Arévalo, solicitando acciones concretas para que Guatemala ratifique el Acuerdo de Escazú. La carta estuvo acompañada de un expediente que documenta los llamados acumulados al Estado a lo largo de los años, argumentando el valor estratégico del tratado para la defensa ambiental y la respuesta a la crisis climática. La presencia de diversos medios nacionales amplificó el mensaje.
Ese mismo mes, una delegación de la Alianza participó en la 4ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), celebrada en Nassau, Bahamas. La reunión reafirmó el compromiso de los 19 estados parte del tratado en la protección de personas defensoras, y avanzó en la creación de un grupo de trabajo sobre acceso a la justicia ambiental, la aprobación de una guía con perspectiva de género para la implementación del Acuerdo y la definición de directrices para el registro y transferencia de contaminantes.
En paralelo, durante marzo y mayo, UDEFEGUA y la Alianza organizaron campamentos formativos para jóvenes defensoras y defensores de tierra y territorio, con la participación de 30 jóvenes del occidente del país. Y en el marco de dos mesas sobre empresas y derechos humanos, convocadas por la OACNUDH y la propia PICI, más de 20 organizaciones debatieron las obligaciones del Estado y las responsabilidades empresariales en materia de debeida diligencia y prevención de violaciones a derechos humanos.
Un semestre que deja claro que la defensa del ambiente no espera.